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El Parlamento indonesio aprobará esta semana el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales (PDP), paralizado desde hace tiempo, según informó Strait Times el 13 de septiembre. Según el proyecto de ley, los operadores de datos podrían enfrentarse hasta a cinco años de cárcel y una pena máxima de 5.000 millones de IDR (334.400 USD) por filtrar o utilizar indebidamente información privada. Las instituciones pueden recopilar información personal para un fin concreto, pero deben borrar los registros una vez cumplido ese fin. El proyecto de ley también regula que los operadores de datos deben obtener el consentimiento de cada individuo para utilizar sus registros, como nombre, sexo e historial médico, permitiendo a cada persona retirar su consentimiento y obtener compensación por cualquier infracción.
La legislación llega días después de que la Agencia Nacional de Ciberseguridad y Cifrado de Indonesia investigara una supuesta filtración de datos de 105 millones de indonesios, tras otra importante filtración de datos el mes pasado que afectó a los datos privados de más de 17 millones de clientes de la empresa estatal de servicios públicos PLN. A pesar de las frecuentes filtraciones de datos a gran escala que se han producido en Indonesia en los últimos años, no ha sido hasta ahora cuando el Parlamento ha ultimado el tan esperado proyecto de ley sobre el PDP. Los desacuerdos sobre quién dirigirá la nueva agencia de supervisión de la protección de datos retrasaron la legislación. Finalmente, los legisladores y el gobierno indonesio acordaron poner al Presidente al frente de la nueva agencia, mientras el parlamento define su papel. La promulgación de una ley de privacidad de datos se hace aún más urgente cuando la economía digital de Indonesia está a punto de crecer hasta alcanzar los 146.000 millones de dólares en 2025, según el último informe elaborado por Google [GOOG:US], de Alphabet, Temasek Holdings, de Singapur, y la consultora global Bain & Co.
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